Asesinados por los rojos que Garzón nunca podrá encontrar.

Escrito por Eduardo Palomar Baró
jueves, 02 de octubre de 2008

Curiosamente vuelve a relucir en estos días con gran ímpetu la llamada Memoria Histórica, de la mano del juez estrella Garzón. Coincidentemente cuando Rodríguez Zapatero, ¡por fin! se ha apeado del burro y se ha dado cuenta que España estaba bajo una gravísima crisis económica, ha lanzado tres temas para despistar al personal de lo que está cayendo sobre nuestros depauperados bolsillos.
Pero ZP está convencido que no es este el problema principal, y lo que preocupa y demanda verdadera e insistentemente el pueblo español son tres importantísimas cuestiones, a saber: el aborto, la eutanasia y la guerra civil.

Para dirigir este último apartado se ha contado con la inestimable colaboración del experto sobre la contienda, el conocido magistrado, juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Baltasar Garzón, el cual ha dictado una providencia para que los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de otros organismos e instituciones como la Conferencia Episcopal, la Abadía del Valle de los Caídos o varios archivos y registros estatales, que identifiquen a los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante el franquismo.

Así pues, Garzón vuelve a la carga contra el franquismo, esa vez aprovechando la actual coyuntura económica, aunque da la sensación que el juez sufre amnesia, olvidándose del indulto general que se concedió a todos los españoles, para llevar a España a una transición pacífica. De aquel indulto se beneficiaron los criminales del almirante Luis Carrero Blanco y todos los etarras que asesinaron a 45 personas en tiempos de Franco. También se beneficiaron los artífices de las matanzas de Paracuellos, con las tristemente famosas sacas de los días 7, 28 y 30 de noviembre de 1936, y que parece ser tuvo ‘algo que ver’ el actual Doctor Honoris Causa y futuro Marqués de Paracuellos, el demócrata Santiago Carrillo Solares.

Otro olvido del inefable Garzón son los asesinatos realizados en tiempos de la República, que desde el 16 de febrero al 15 de junio de 1936, fueron asesinadas 269 personas. Y en los años de la Guerra Civil española, las hordas marxistas, eso sí, ‘incontroladas’, asesinaron solamente en su demencial persecución religiosa a 4.184 sacerdotes, a 2.365 religiosos y a 283 religiosas, amén de millares de personas por el sólo motivo de ir a misa, ser empresarios, ser de derechas, universitarios, comerciantes, etc. Una vez finalizada la contienda, la aparición de los ‘maquis’, verdaderos defensores de la democracia y la libertad, dispusieron en su haber la ejecución de 948 personas.

Faro de Cabo Mayor. Santander
En Santander capital existieron tres checas: la Municipal, la de la calle del Sol y la de los Ángeles Custodios.

El militante socialista, dependiente de comercio, Manuel Neila, al ser nombrado Jefe de Policía del Frente Popular comenzó a ejercer la represión, el terror y el asesinato en las citadas checas. Formó una guardia de milicianos bien dispuestos al asesinato y al saqueo. Las checas estaban rebosantes, empezando las “sacas”, o sea los asesinatos: bien arrojando a los detenidos vivos por los acantilados del faro de Cabo Mayor de Santander o fusilándolos en las tapias del cementerio de Ciriego. Otros detenidos fueron llevados al barco prisión ‘Alfonso Pérez’.

Desde el 18 de julio de 1936 el buque mercante ‘Alfonso Pérez’ de 7.000 toneladas, anclado en un principio en el fondeadero de los Mártires, en la bahía antigua, y posteriormente en la dársena de Maliaño o “El Cuadro”, en la parte del muelle de la Junta de Obras del Puerto, de Santander, sirvió de prisión a un sin número de sacerdotes, religiosos, militares y simples católicos que, en parte fueron asesinados en el Cabo Mayor y en su mayoría en el mismo buque, bien ametrallados en la cubierta o bien arrojándoles bombas de mano a las bodegas en que se encontraban hacinados.

Los asesinados en el Faro de Cabo Mayor tuvieron una terrible muerte. El Faro se alza sobre un enorme farallón de unos cuarenta metros de altura que cae a pico sobre las aguas y al que sirven de base agudos peñascos barridos por las bravías aguas del Cantábrico. Desde lo alto eran arrojadas las víctimas que caían sobre las erizadas rocas y eran arrastradas por las olas. Luis Araquistain en su libro “Por los caminos de la guerra”, escribe: “Quien se asome a la baranda del Faro, si es cristiano, hará que suba a sus labios una oración como encendido holocausto a los pobres mártires asesinados en el Faro del Cabo Mayor por la barbarie roja”.

Los frailes trapenses del monasterio de Cóbreces (Santander), después de ser maltratados y escarnecidos brutalmente, fueron llevados al Faro del Cabo Mayor, y con las manos atadas a la espalda y con la boca cosida con alambre, fueron arrojados vivos al precipicio. Eran los RR. PP. Pío Heredia Zubia, prior; Amadeo García Rodríguez, Valeriano Rodríguez García y Juan B. Ferris Llopis; Fr. M. Álvaro González López (hermano de votos simples); Fr. Antonio Delgado (postulante), Fr. M. Eustaquio García Chicote, Fr. M. Ángel Vega García, Fr. M. Ezequiel Álvaro Fuentes, Fr. M. Eulogio Álvarez López y Fr. M. Bienvenido Mata Ubierna.

Fusilados y quemados en Nuestra Señora del Collell

Pocos días antes de la liberación de Barcelona, hecho ocurrido el 26 de enero de 1939, los del Frente Popular ordenaron que los presos políticos menores de cincuenta años de edad fueran encuadrados en batallones disciplinarios, para sumarse a las obras de defensa y los demás pasasen a Ripoll (Gerona). Cundió el pánico en las cárceles de la Ciudad Condal, pues se recordaba lo ocurrido en Madrid, en noviembre de 1936, cuando la caída de la capital parecía inminente y numerosos presos fueron asesinados en Paracuellos del Jarama y en Torrejón de Ardoz.

Más de 50 cautivos barceloneses, entre los cuales figuraban los hermanos Bassas Figa, el abogado Bosch-Labrús, el doctor Fontcuberta-Casas, el presbítero Guiu Bonastre y el financiero Garriga-Nogués Planas, fueron llevados a Ripoll y desde allí al santuario de Nuestra Señora del Collell, en el partido judicial de Besalú, no demasiado lejos de Olot. En los últimos días de la retirada de los rojos de Cataluña, fueron asesinados en el Collell. La matanza fue cometida a toda prisa y algunas de las víctimas, entre las que se encontraba Rafael Sánchez Mazas, sobrevivieron al fusilamiento, fingiéndose muertos. Sánchez Mazas se refugió en una masía de Cornellá del Terri (Gerona), junto a tres soldados republicanos que habían huido en la retirada, pasando con ellos a la zona nacional.

Entre los encarcelados en Barcelona se encontraban monseñor Anselmo Polanco, obispo de Teruel y el defensor de aquella ciudad, el coronel Rey d’Harcourt. El 23 de enero de 1939, Polanco, Rey d’Harcourt, el coronel Francisco Barba, el comandante Herrero, el reverendo Felipe Ripoll, el teniente coronel de la Guardia Civil José Pérez de Hoyo y el antiguo comisario de Policía José Coello de Portugal, junto con otros cautivos procedentes de Teruel, fueron trasladados a Santa Perpetua de Moguda (Barcelona), para unirse allí a un grupo de italianos prisioneros de guerra. El 27 de enero, los llevaron a Ripoll, y desde aquí, a pie, a San Juan de las Abadesas. El 31, pasaron por Figueras y llegaron a Pont de Molins, donde les alojaron en ‘Can Boach’. El 6 de febrero se recibe en Pont de Molins una orden del Negociado de Prisioneros y Evadidos, suscrita por el general Vicente Rojo Lluch, donde se ordena entregar a las Fuerzas Aéreas y en calidad de rehenes a «las personalidades de relieve, así como al obispo de Teruel y a los italianos», para conducirlos a la Zona Central. El día siguiente, entre las diez y once de la mañana, llega un camión militar a ‘Can Boach’, con un comandante, un teniente, un comisario político, dos sargentos, seis cabos y treinta soldados, cuya procedencia nunca es aclarada. Exigen la entrega inmediata de Rey d’Harcourt, del obispo Polanco y de otros 38 prisioneros. Los ceden los guardias, si bien protestan cuando los atan de dos en dos, afirmando que aquellos hombres no son peligrosos. Replica el comandante que su custodia ha terminado y ahora le corresponde a él ejercer la suya.

Maniatados por parejas, los llevan a un barranco, el de Can Tretze, entre Pont de Molins y Les Escaules. A las dos de la tarde, en unos matorrales de la hondonada, los acribillan a tiros y luego prenden fuego a los cuerpos, tras rociarlos con gasolina.

Salvaje asesinato del coronel Francisco Lacasa el 20 de julio de 1936

El 19 de julio de 1936, a las cinco de la mañana, tropas del Regimiento de Cazadores de Santiago salieron de los cuarteles de Barcelona y cuando desembocaban por el Paseo de Gracia con la Avenida 14 de Abril (Diagonal), fueron recibidos por los milicianos con una descarga cerrada. Ante este inesperado ataque, el coronel Francisco Lacasa Burgos resolvió buscar refugio en el Convento de los Padres Carmelitas, situado en la esquina de la Diagonal con la calle de Lauria. Le secundaron el teniente coronel Vázquez Delage y el comandante Rebolledo, convirtiéndose el convento en un fortín que quedó sitiado por tres mil individuos armados de fusiles y dotados de considerable número de ametralladoras.

A la madrugada el cerco se estrechó más y el ataque cobró inusitada fuerza, sin que los defensores cedieran en su resistencia, ante lo cual la Generalidad, durante la mañana del 20 de julio, envió al teniente de Asalto Nicolás Felipe para parlamentar con Lacasa, comunicándole que la casi totalidad de las fuerzas se habían rendido y que el general Goded estaba prisionero. El coronel Lacasa le contestó que no se rendirían y que continuarían luchando mientras les fuera posible resistir. Esta negativa enfureció a los sitiadores y al mediodía reforzaron el asedio grandes contingentes de la Guardia Civil mandados por el coronel Escobar, el cual le expuso unas condiciones honrosas para la capitulación. Se respetaría la vida de todos los que se rindieran; los heridos serían evacuados al Hospital Militar, y el resto de los prisioneros serían entregados a las autoridades militares de la región, para juzgarlos regularmente; por último, la Guardia Civil se encargaría de los prisioneros y garantizaría la seguridad de todos.

Lacasa meditó su responsabilidad al entregar a una muerte segura a los que peleaban bajo su mando, máxime al conocer el fracaso del alzamiento en Barcelona. Una vez consultó con sus oficiales, el coronel Lacasa se dirigió al coronel Antonio Escobar Huertas, diciéndole que ordenase el avance de la Guardia Civil, la única fuerza a que estaban dispuestos a entregarse. Se adelantaron los guardias para recibir a los prisioneros, pero al mismo tiempo avanzaron detrás de ellos la turba enfurecida, enarbolando fusiles y vociferando insultos y blasfemias. Al abrirse la puerta, y cuando salían los primeros prisioneros, el populacho rompió el cordón de guardias y ante su casi general pasividad, se entregó a una bárbara matanza. Caen a tiros, a machetazos, a golpes de culata, el coronel Francisco Lacasa, el teniente coronel Vicente Vázquez Delage, el comandante Antonio Rebolledo, los capitanes Claudio y Pedro Ponce de León y otros oficiales y soldados. Once padres carmelitas sufrieron el martirio, asesinados y destrozados a navajazos.

Al coronel Francisco Lacasa Burgos le cortaron la cabeza, que la chusma paseó después en triunfo…

Los antifascistas se mataron entre ellos

Los acontecimientos del mayo de 1937 –también conocidos como los “Hechos de mayo de 1937” en Barcelona–, fueron debidos al enfrentamiento armado entre el POUM y algunos sectores anarquistas, por un lado, y los comunistas y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el otro, y que algunos historiadores han considerado como una “guerra civil dentro de la guerra civil”.

En la tarde del 3 de mayo de 1937, la Comisaría de Orden Público de la Generalidad, al frente de la cual estaba Rodríguez Salas –comunista del PSUC– de acuerdo con el consejero de Seguridad Interior, Artemio Aiguadé –de Ezquerra Republicana– ordenó a la guardia de Asalto tomar el edificio de Telefónica, ubicada en la Plaza de Cataluña de Barcelona, en poder de los milicianos de la CNT y de la FAI, con la pretensión de recuperar una de las muchas parcelas de poder perdidas o abandonadas el 18 de julio de 1936, para impedir de esta manera el control que los anarcosindicalistas ejercían sobre las comunicaciones telefónicas de toda Cataluña.

Se extendió la noticia por toda la ciudad y Barcelona se cubrió de barricadas. Los elementos anarquistas recibieron el respaldo del POUM. La Generalidad pidió refuerzos a Madrid, pero Largo Caballero desoyó la petición, no interviniendo en el conflicto.

Ante la violencia desatada en las calles de la Ciudad Condal, los sindicatos CNT y UGT intentaron mediar entre los sublevados y la Generalidad. Los revolucionarios comprobaron que la cúpula de la CNT no les respaldaba, lo cual representaba un golpe mortal para sus propósitos.

La insurrección duró desde el 3 hasta el 7 del mes de mayo, con un balance de unos quinientos muertos y cerca de un millar de heridos.

Andrés Nin, presidente del POUM fue detenido el 16 de junio de 1937 al salir de una reunión de su partido de la Rambla de los Estudios de Barcelona, por varios agentes de la policía que llevaban una orden de detención firmada por el jefe superior de Policía en Barcelona, el comandante Ricardo Burillo Stolle, que había sido el jefe de los guardias de Asalto que asesinaron a José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936. Nin fue conducido a los calabozos de Jefatura y a las pocas horas fue trasladado a Valencia con gran cantidad de fuerzas y convenientemente esposado. De la capital valenciana fue conducido a Alcalá de Henares, donde los soviéticos ocupaban una especie de república dentro de la república, ya que la Unión Soviética tenía un enorme poder en la España republicana.

A partir de esa misteriosa desaparición se realizaron diversas gestiones para poder ver a Andrés Nin. Una delegación internacional vino a España para investigar el carácter de las acusaciones que se lanzaban sobre el POUM y poder visitar a los detenidos. El ministro de Justicia, Manuel Irujo y Ollo, aseguró que todos los dirigentes del POUM se encontraban bien.

Al final el ministro de Justicia, se vio obligado a hablar; había estado al corriente de todo pero se calló por puras razones de gobierno. A los cuarenta y nueve días de su comunicación, se descubrió la trágica verdad y la desaparición de Nin tomó ya estado oficial.

Se supo que Andrés Nin había sido confinado en un chalet que habitualmente utilizaba Ignacio Hidalgo de Cisneros y su esposa Constancia de la Mora Maura. En su interior el general ruso Alexander Mikhailovich Orlov –que había llegado a Madrid el 15 de septiembre de 1936, con la misión de ser el enlace del NKVD durante la Guerra Civil española y responsable soviético en el traslado del Oro de Moscú, por cuya operación fue galardonado con la “Orden de Lenin”. En el año 1938 Orlov desertó a los Estados Unidos, huyendo de la purga estalinista dentro del NKVD– y sus agentes le sometieron a sesiones interminables de tortura, cuya misión era arrancar a Nin una confesión de que era un espía de Franco, para así poder iniciar un proceso similar a los que estaban ya celebrándose en Moscú contra los rivales de Stalin. Inicialmente le aplicaron la tortura conocida como “método seco”, consistente en privarlo de sueño durante días e impedirle tomar asiento, sometiéndole a sesiones de interrogatorio hasta cuarenta horas seguidas. Para sorpresa de los torturadores comunistas, Nin resistió.

Entonces Orlov optó por las torturas que destrozan directamente los miembros, o sea por el desollamiento. Al cabo de unos días, Nin, al que se había arrancado la piel y lacerado con mayor facilidad los miembros en carne viva, no era sino un amasijo de músculos deshechos, pero seguía sin doblegarse.

El 23 de junio de 1937 se sacó a Nin del chalet para darle muerte en un campo situado a un centenar de metros de la carretera de Alcalá de Henares a Perales de Tajuña. Presentes en el asesinato se hallaban Orlov, otro agente soviético conocido como Juzik y un par de españoles.

En honor a la verdad, hay que reconocer que los soviéticos trataron a Andrés Nin más o menos del mismo modo que los del POUM habían tratado a miles de españoles y pensaron tratar a todo el país, si desgraciadamente se hubieran apoderado del gobierno de España.

Epílogo

Por cuestiones de espacio no podemos seguir narrando una escandalosa cantidad de asesinatos, fusilamientos, torturas, venganzas, delaciones, etc. realizados por los partidos del Frente Popular.

El artículo “Amaneceres rojos, ocasos de España” de Ismael Medina, empieza diciendo: «Rodríguez ha conseguido su propósito de sacar adelante la venganza que se toma por su abuelo. Ese y no otro es el origen de la Ley de Memoria Histórica que avanza su trámite parlamentario con el concurso de los partidos secesionistas y, ¡cómo no!, de los comunistas de IU. […] Han transcurrido 62 años desde que, en 1946, se declararon liquidadas por Ley las responsabilidades políticas y penales derivadas de la guerra civil. Podrían los promotores de la Ley de Memoria Histórica haber incluido en su texto que también alcanzaría igual revisionismo a los juicios de los Tribunales Populares en zona roja. Una cínica cobertura sin apenas efectos prácticos puesto que la mayoría de las decenas de miles de fusilamientos practicados lo fueron de manera expeditiva y sin que, habitualmente, mediara ni tan siquiera la pamema de un juicio sumario con sentencia a muerte predeterminada».

Y termina: «La Ley de Memoria Histórica pretende ganar desde el totalitarismo la guerra que perdió el Frente Popular, simbolizado en la obsesión esquizofrénica de vengar a su abuelo. La conclusión es obvia: los amaneceres rojos han desembocado siempre y desembocan ahora en el ocaso de España».